Por Ignacio Fernández Toxo,
secretario general de la CS
de CCOO
El Gobierno
suma y sigue. La crisis se acentúa y Merkel y los mercados continúan
insaciables. Con cada vez menos crédito, el Gobierno parece empeñado en desmontar
con paso firme el Estado de bienestar. Cuando ya había cerrado los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, Rajoy se descuelga con un nuevo golpe a los
servicios públicos esenciales, la sanidad y la educación, a los que priva de
10.000 millones de euros, manteniendo intactos, eso sí, los conciertos con las
entidades privadas. Pero no se queda aquí. Consciente de la creciente respuesta
social a su ataque a la red pública de protección social, el Ejecutivo recela
de la democracia y pone en marcha una batería de propuestas para reforzar el
poder coercitivo del Estado y la acción represiva, en un intento de amedrentar
a la ciudadanía. No se le escapa una. En el Consejo de Ministros del 20 de
abril, la víctima fue RTVE que, a partir de ahora, volverá a ser controlada por
el PP, al hacer valer la mayoría absoluta (y no la de dos tercios) para elegir
al presidente de la
Corporación pública. Rajoy ha llegado a la conclusión de que
"sobran derechos y falta mano dura".
Los días 17
y 18 de abril, el Consejo Confederal de CCOO hizo balance de la huelga general
del 29 de marzo, analizó los PGE 2012 y avanzó la estrategia sindical para el
próximo periodo. Recordamos que la huelga general fue un éxito, pese al
discurso oficial del Gobierno, coordinado con CEOE y difundido por el aparato
mediático conservador. Consideramos los PGE un instrumento inútil para
incentivar la actividad económica y crear empleo y advertimos que no pararemos
en nuestra oposición a las medidas de recorte y a la decisión del Ejecutivo de
acabar con el Estado de bienestar. No seremos cómplices de los desmanes
antisociales de este gobierno.
La crisis y los recortes que no cesan
La economía
mundial sigue inmersa en una situación de incertidumbre, sin superar los
efectos negativos derivados de la crisis financiera internacional que ha
provocado una intensa destrucción de riqueza. Siempre hemos defendido que
frente a esta situación, la reducción del déficit debe hacerse con tiempo y con
políticas fiscales y crediticias que permitan impulsar la actividad, el empleo
y la sostenibilidad de las bases del modelo social europeo. En España,
advertimos que nuestro diferencial de contribución fiscal con la zona euro es
de 6 puntos del PIB, lo que limita seriamente las posibilidades de actuación en
una coyuntura como la actual. Valoramos en su momento la decisión de
incrementar el IRPF, o ahora la mejora del Impuesto de Sociedades, aun con un
alcance muy limitado. Pero rechazamos abiertamente la aprobación de una
amnistía fiscal que comporta el pago de un porcentaje muy inferior al tipo de
gravamen ordinario. Supone un ataque ético muy grave que contrasta con la
dureza que el Gobierno esgrime contra los derechos de los trabajadores y
el gasto social
.El
Ejecutivo, sin embargo, sigue en sus trece. Después del ataque a los derechos
laborales y al derecho del trabajo que supuso la reforma laboral, no ha cesado
en su decisión de debilitar el Estado de bienestar y los servicios públicos, en
cuestionar los derechos civiles y democráticos, y en reforzar el poder coercitivo
del Estado y la intensificación de la acción represiva ante la creciente
respuesta social a las políticas del Gobierno. No contento con ello, el pasado
20 de abril, aprueba en Consejo de Ministros, el asalto a RTVE para controlar
desde su mayoría absoluta la elección del presidente de la Corporación, los
servicios informativos y la gestión del nuevo Consejo de Administración del que
desaparecen los representantes de los sindicatos. Nos acercamos peligrosamente
a una concepción de la democracia profundamente autoritaria y ajena al
imprescindible pluralismo político e ideológico que consagra la Constitución Española.
Los sindicatos no vamos a parar. No vamos a ser cómplices silenciosos del mayor retroceso en derechos de nuestra historia reciente. Por eso, el 29 de abril hemos decidido convocar una Jornada de manifestaciones en todo el país contra el nuevo ataque a los servicios públicos que supone el recorte de otros 10.000 millones de euros en sanidad y educación. Con el lema "Con la educación y la sanidad no se juega", y junto a la Plataforma para la defensa del Estado de bienestar y los servicios públicos, le decimos al Gobierno que si sigue por ese camino el conflicto social continuará abierto antes y después del verano. Mientras tanto, prepararemos el Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo del 28 de abril, la ya mencionada jornada del 29 de abril y los actos reivindicativos del 1 de mayo.
Los sindicatos no vamos a parar. No vamos a ser cómplices silenciosos del mayor retroceso en derechos de nuestra historia reciente. Por eso, el 29 de abril hemos decidido convocar una Jornada de manifestaciones en todo el país contra el nuevo ataque a los servicios públicos que supone el recorte de otros 10.000 millones de euros en sanidad y educación. Con el lema "Con la educación y la sanidad no se juega", y junto a la Plataforma para la defensa del Estado de bienestar y los servicios públicos, le decimos al Gobierno que si sigue por ese camino el conflicto social continuará abierto antes y después del verano. Mientras tanto, prepararemos el Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo del 28 de abril, la ya mencionada jornada del 29 de abril y los actos reivindicativos del 1 de mayo.
El objetivo
de CCOO es convertir la movilización social en un impulso positivo: proponer un
consenso de país por la reactivación económica y el empleo, en el que
participen las fuerzas políticas y sociales, y las instituciones del Estado.
Del Gobierno depende que pueda llevarse a cabo. De momento, ha elegido la
dirección opuesta.
