Europa vive una grave crisis económica y social con tasas dramáticas de desempleo: son ya 24 millones las personas que están en paro en la Unión Europea, entre ellas más de cinco millones de jóvenes. En España, el paro alcanza cifras dramáticas: más de 5,5 millones de personas; en 1,7 millones de hogares, ninguno de sus integrantes en condiciones de trabajar, tiene empleo.
Y por si fuera poco, el crecimiento imparable del desempleo coincide con un ataque generalizado y sistemático a los derechos laborales y sociales, impulsado desde las instituciones europeas, que está teniendo consecuencias especialmente dolorosas en los países del sur y del este de Europa: disminución de salarios y pensiones, pérdida de derechos, debilitamiento de la negociación colectiva y de la capacidad de los sindicatos para defender a los trabajadores, deterioro de las prestaciones y servicios públicos, y ataque sin precedentes al Estado de bienestar.
Reformas y ajustes contra los trabajadores
El pasado 10 de febrero de 2012, el Gobierno aprobó, sin nego-ciación ni consulta con los interlocutores sociales, la reforma del mercado de trabajo que ya se aplica en las empresas con todas las consecuencias. Una reforma laboral que es el mayor golpe al derecho del trabajo de la democracia; abarata y facilita el despido; refuerza el poder de los empresarios y consolida la precariedad del mercado de trabajo. Además, frente a lo pro-metido por el Gobierno, la reforma laboral no reduce las mo-dalidades de contratación (crea un nuevo contrato que podrán utilizar el 99% de las empresas y que afectará al 65% de los trabajadores y trabajadoras; un contrato precario de dudosa constitucionalidad); introduce diferencias en las posibilidades de empleo; afecta gravemente a la negociación colectiva (la Comisión de Empleo del Congreso ha endurecido todavía más este capítulo al poner fin a la ultractividad de los con-venios una vez transcurrido un año de su vigencia inicial); y facilita el despido en las Administraciones Públicas.Por otro lado, los PGE-2012 van a profundizar la situación de re-cesión económica. Oficialmente España ha entrado en recesión después de registrar dos trimestres consecutivos de caída del PIB. El Gobierno ha estimado una caída del 1,7% del PIB en 2012 asociada a una destrucción de 650.000 empleos. Todo ello en el marco de fuertes ajustes anunciados en RTVE y las televisiones autonómicas, Sanidad, Educación, Políticas Sociales, las condiciones impuestas a las Corporaciones Locales para financiar el pago a proveedores, una reducción de la presencia del sector público en la economía y una renuncia explícita a la inversión pública y el empleo.Frente a ello, UGT y CCOO insistimos en que hay otra política para salir de la crisis; para minimizar la erosión económica y social que anticipa la conjunción de efectos de recesión económica y reforma laboral. Una apuesta por el crecimiento y la inversión pública, por el empleo de calidad y la sostenibi-lidad del modelo social. Una propuesta de reforma del sistema financiero orientada a resolver la financiación de la economía española y a impulsar la circulación del crédito, frente a las medidas aprobadas por el Gobierno que únicamente han ve-nido a completar el proceso de demolición del sistema de Ca-jas de Ahorro.
Igualmente, España necesita una actuación en materia fiscal más coordinada y eficaz. Una actuación que no puede pasar nunca por la aprobación de una amnistía fiscal que supone un ataque ético muy grave a la justicia y equidad fiscal, y sí por una reforma para incrementar los recursos del Estado y hacer frente al fraude fiscal y a la economía sumergida.
CCOO y UGT hemos emplazado una y otra vez al Gobierno a negociar un acuerdo por la reactivación económica, el empleo y la cohesión social. Un Acuerdo que debería implicar a las fuerzas políticas parlamentarias y a las instituciones del Estado. A nuestro juicio, este sería el mejor camino para restablecer la
confianza y sentar las bases para una salida más justa y equilibrada de la crisis. Pero el Ejecutivo prefiere entenderse con Merkel y la derecha europea para intentar, sin conseguirlo,
satisfacer a mercados e instituciones financieras. Sigue instalado en el conflicto social, en el ataque a los derechos laborales y a los servicios públicos; en la eliminación de derechos civiles y democráticos; en la ‘criminalización’ de la respuesta social y sindical.
El movimiento sindical no va a parar. Seguiremos movilizándonos en la calle contra estas políticas antes y después del verano, y mantendremos un diálogo constante y fluido con la sociedad civil y las fuerzas políticas para trasladarles nuestras propuestas; fortaleceremos las alianzas sociales en defensa de los servicios públicos y el Estado de bienestar; promoveremos los mayores niveles de protección de las personas en situación de desempleo.
POR ELLO, EL 20 DE JUNIO, HEMOS CONVOCADO MANIFESTACIONES EN TODO EL PAÍS PARA DENUNCIAR LOS RECORTES SOCIALES DEL GOBIERNO, PARA VOLVER A RECHAZAR LA REFORMA LABORAL, Y PARA ENFRENTAR LA CRISIS CON OTRA POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL.
Igualmente, España necesita una actuación en materia fiscal más coordinada y eficaz. Una actuación que no puede pasar nunca por la aprobación de una amnistía fiscal que supone un ataque ético muy grave a la justicia y equidad fiscal, y sí por una reforma para incrementar los recursos del Estado y hacer frente al fraude fiscal y a la economía sumergida.
CCOO y UGT hemos emplazado una y otra vez al Gobierno a negociar un acuerdo por la reactivación económica, el empleo y la cohesión social. Un Acuerdo que debería implicar a las fuerzas políticas parlamentarias y a las instituciones del Estado. A nuestro juicio, este sería el mejor camino para restablecer la
confianza y sentar las bases para una salida más justa y equilibrada de la crisis. Pero el Ejecutivo prefiere entenderse con Merkel y la derecha europea para intentar, sin conseguirlo,
satisfacer a mercados e instituciones financieras. Sigue instalado en el conflicto social, en el ataque a los derechos laborales y a los servicios públicos; en la eliminación de derechos civiles y democráticos; en la ‘criminalización’ de la respuesta social y sindical.
El movimiento sindical no va a parar. Seguiremos movilizándonos en la calle contra estas políticas antes y después del verano, y mantendremos un diálogo constante y fluido con la sociedad civil y las fuerzas políticas para trasladarles nuestras propuestas; fortaleceremos las alianzas sociales en defensa de los servicios públicos y el Estado de bienestar; promoveremos los mayores niveles de protección de las personas en situación de desempleo.
POR ELLO, EL 20 DE JUNIO, HEMOS CONVOCADO MANIFESTACIONES EN TODO EL PAÍS PARA DENUNCIAR LOS RECORTES SOCIALES DEL GOBIERNO, PARA VOLVER A RECHAZAR LA REFORMA LABORAL, Y PARA ENFRENTAR LA CRISIS CON OTRA POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL.
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